Tribunal constitucional realizó fallo inédito acerca de caso ocurrido en Los Andes

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La defensa  enfatizó el tema de género y el hecho que había precedido al delito, que era una agresión sexual.

En un hecho inédito, el pasado 7 de mayo, el TC se pronunció respecto de una sentencia que involucraba la violencia de género hacia la condenada. Previamente, solo se había emitido pronunciamientos de inaplicabilidad en los casos de las leyes de Control de Armas y Emilia.

El abogado Claudio Fierro, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, explica que cuando plantearon el alegato en favor de Génesis, entre otros asuntos, apuntaron a la historia que había detrás. “Revelamos que era una joven de 20 años, inscrita para estudiar en un centro de formación técnica, que no tenía antecedentes penales y que sufrió una agresión sexual que está contenida en la sentencia. Era una mirada distinta a la habitualidad de nuestros requerimientos”.

Fierro dice que “en este caso, lo que quisimos transmitir fue que se prestara especial atención, porque se trataba de un caso de poca ocurrencia frente a la respuesta de una agresión sexual y que finalmente por esto la joven iba a estar privada de libertad cuatro años”.

El TC, por seis votos contra dos, planteó que Génesis tenía razón. Se determinó que “en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho de que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de la sociedad que infringió la ley”.

El fallo dice que “la opción de privar de libertad al ser humano debe adoptarse solo si es estrictamente necesario y respecto de las conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo anterior permite entender por qué el legislador no puede prescindir, al establecer las reglas de punición de delitos, de la finalidad de reinserción social de los condenados, lo que implica el uso racional de la privación de libertad y la mejor protección de las víctimas”.

Votaron en contra los ministros Carlos Carmona Santander y Gonzalo García Pino, quienes argumentaron, entre otras razones, que “no se puede impugnar la aplicación efectiva de las penas sin cuestionar la estructura punitiva de todo el sistema penal”.