Molestia ha causado en la provincia de Los Andes la decisión de eliminar siete comisiones de trabajo del Consejo Regional, entre las que se encuentran la de Género y Pueblos Originarios.
La secretaria provincial del Partido Por la Democracia (PPD) y ex directora local de PRODEMU, Karina Espinoza, calificó este hecho como “una decisión política arbitraria, que pasa a llevar el trabajo de muchas agrupaciones sociales, varias de las cuales pertenecen a nuestra provincia de Los Andes”.
Respecto a la eliminación de la comisión de Género, Espinoza sostuvo que le parece una medida “extremadamente grave e inexplicable, considerando la gran cantidad de femicidios a nivel regional y la enorme necesidad de fomentar, promover y ejecutar iniciativas que visibilicen la situación de las mujeres, permitiendo desarrollar políticas públicas participativas pro mujer”.
“Este año, ya llevamos dos femicidios en la región y uno en nuestra provincia, pero desde el Consejo Regional se elimina la Comisión de Género, lo que constituye, claramente, un descriterio que puede causar mucho daño y que esperamos se corrija”, apuntó.
La secretaria provincial del PPD de Los Andes manifestó su preocupación acerca del destino de los recursos para las iniciativas de las agrupaciones de mujeres. “Vamos a estar atentas a la fiscalización de los proyectos y a las prioridades del gasto que haga el Gobierno Regional, porque nos parece que este tipo de medidas son una señal de alerta y no vamos a dejar pasar que se pretenda retroceder en temáticas de Género”, advirtió.
En tanto, desde la Agrupación Indígena WE KUYEN señalaron que con la decisión de eliminar la comisión de Pueblos Originarios del Consejo Regional se han sentido pasados a llevar.
“Encontramos gravísimo la situación, porque nosotros trabajamos con iniciativas para recuperar cultura, lenguas y territorios, mientras que el Estado mantiene la actitud de invisibilizarnos y de no otorgarnos el reconocimiento, así difícilmente podremos avanzar a una solución del conflicto chileno-Mapuche”, lamentó la presidenta de WE KUYEN, María José Núñez.
La dirigente argumentó que, según el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimiento apropiado y, en particular, a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
