Opinión: ¿Hay dictadura en San Felipe? por Italo De Blasis Vargas

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¿Hay dictadura en San Felipe?

 

Por la prensa digital local se puede leer que el departamento jurídico de la Municipalidad de San Felipe, en atención a los efectos de la grave pandemia que nos castiga, había solicitado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso más tiempo para avanzar en el cumplimiento de la decisión tomada por el Concejo Municipal con fecha 20 de Febrero de 2018, que removió al Administrador Municipal.

 

La decisión del concejo, que fue adoptada por 4 de los 6 concejales en ejercicio, había sido desconocida por el Alcalde en su momento aduciendo que para el cómputo del quorum exigido por la ley para adoptar tal remoción, se debía contar con su voto favorable, lo que no había tenido lugar.

 

El Alcalde tenía una visión sobre el problema y un miembro del concejo, Christian Beals, otra distinta. Este último recurrió entonces a la Contraloría General de la República en busca de un pronunciamiento administrativo que validara la decisión adoptada por el Concejo. Dicho organismo se inclinó por la opción sostenida por el Alcalde.

 

No satisfecho el concejal con lo resuelto, interpuso recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por considerar que el pronunciamiento de la Contraloría atentaba contra ciertas garantías constitucionales, recurso que fue desestimado.  Pero el procedimiento no terminó allí. Apelando de dicho fallo el concejal elevó el conflicto a la Excelentísima Corte Suprema para su resolución lo que se alcanzó por fallo de su Tercera Sala dictado con fecha 4 de Diciembre de 2018  y que en forma contundente y definitiva, sin que proceda recurso alguno en su contra, precisó: que conforme a las leyes aplicables quienes están facultados para remover al Administrador Municipal son,  por un lado el Alcalde y por otro, los concejales y, estos, con el voto favorables de dos tercios a lo menos.  En otras palabras, la decisión del concejo municipal que removió al Administrador Municipal es válida y ajustada a derecho.

 

No obstante lo anterior, desde esa fecha el Alcalde ha postergado dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema al parecer no sintiéndose obligado para ello y, por lo mismo, después de más de quince meses de resuelto el conflicto el Administrador Municipal sigue en pleno ejercicio de sus funciones.

 

Con este actuar la autoridad edilicia no solo ha desconocido un fallo del máximo tribunal del país, además ha ignorado la voluntad popular en la que descansa su autoridad y la de los concejales, elegidos por los ciudadanos que integramos esta comunidad para el ejercicio y el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que les confieren e imponen las leyes.

 

Atentar contra el poder jurisdiccional desconociendo sus fallos y desatender la soberanía popular democráticamente expresada son dos piezas claves en el rompecabezas de toda dictadura. ¿Estaremos frente a la formación de una de carácter local o será reestablecido el imperio del derecho?

Italo De Blasis Vargas.

Abogado.