La semana recién pasada se conocieron los resultados del SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), los que resultaron acusar una alarmante caída -como señalaron varios especialistas en la materia-, lo que se resume en un brusco deterioro de los dos niveles de educación medidos: lectura y matemáticas.
Pero ¿qué significa esto en palabras simples? Significa que la calidad de la educación anda por el suelo y que la resistencia al retorno a clases a fines de la pandemia -reconocido por el propio presidente Boric- fue una muy mala medida. Recordemos que el ministro de educación de la época tuvo que enfrentar una acusación constitucional por la decisión de abrir los establecimientos educacionales luego de 259 días lectivos en los que permanecieron cerrados.
¿Y quiénes resultarán más afectados por esta medida? Aunque al momento de escribir esta columna, aún no se hacían públicos los resultados por colegio, no es muy arriesgado pensar que serán los establecimientos municipalizados, vale decir, la educación pública. Pero un dato que ya está consignado es que, al analizar las cifras por género, las que salen peor paradas son las mujeres.
Se puede entonces afirmar que no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que es lo que reclaman las personas respecto del mundo político. ¿Y por qué digo esto? porque se habla mucho de la urgencia y necesidad de fortalecer la educación pública para igualar las oportunidades de los que tienen más de los que tienen menos, de los hombres y las mujeres, en dos palabras: de todos.
La educación es el vehículo clave, por excelencia, para el desarrollo y progreso de las personas y de un país, en esto no hay dos opiniones distintas ¿entonces porque el mundo político no es capaz de fijar una política de Estado en esta materia? En la década de los 90 hubo una excelente oportunidad de alcanzar ese propósito, pero ¿qué paso? mezquindades y miopías de algunos sectores políticos lo impidieron. Al menos en el año 1998 se estableció la obligatoriedad del nivel de educación parvulario para niños y niñas de entre 4 y 5 años y, el año 2011, se promulgó la Ley General de Educación que estableció como obligación la educación media, vale decir 12 años.
En las últimas décadas, Chile ha logrado extender y mejorar la educación básica, media y preescolar. No obstante, hay desafíos importantes que abordar para asegurar una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes del país, hay que buscar terminar con la brecha socioeconómica para acceder a una educación de calidad, especialmente en las zonas más vulnerables y rurales. Además, es vital fortalecer la formación docente y la infraestructura educativa para asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje.
¿Queremos contarnos dentro de los países desarrollados del mundo y disfrutar de los beneficios que eso otorga? Bueno, eso no sólo exige tener un país produciendo, sino que por sobre cualquier cosa necesitamos un país educado y a esa tarea prioritaria se deben abocar nuestros políticos, cualquiera sea su tendencia. UNA EDUCACION DE EQUIDAD Y CALIDAD DEBE SER UN OBJETIVO NACIONAL Y UNA POLITICA DE ESTADO.
