Analista Político Internacional
Investigador John Glenn College of Public Affairs
The Ohio State University
La solicitud de formalización de parte de la fiscalía en el proceso investigativo judicial que esta lleva a cabo en contra del alcalde de Recoleta Daniel Jadue fue un durísimo golpe comunicacional y político para el Gobierno y para el Partido Comunista. Poner en el banquillo de los acusados a un excandidato presidencial no es algo menor, razón por la cual se podría entender la demora de más de dos años de parte de la fiscalía para realizar esta solitud. 29 de mayo es la fecha en donde ya se nos ha adelantado que se pedirá la previsión preventiva del alcalde.
La defensa corporativa de parte del PC chileno ante esta situación ha sido más bien torpe pues, si bien, se entiende que se trata de una de sus figuras principales en la actualidad, los flancos que se han abierto son enormes. Lautaro Carmona establece muy fehacientemente que el confía en la inocencia del alcalde, principio básico de todo ordenamiento jurídico moderno, pero resulta del todo injustificable que se trate con guante blanco a los propios mientras a los otros se les tilda de canallas, corruptos y antidemocráticos. Justamente, el PC ha enarbolado con mucha fuerza la tesis de la existencia de un anticomunismo en la base de la sociedad chilena, el cual permea a muchas de sus instituciones como lo es la fiscalía, por ejemplo. Jadue habla de conspiraciones políticas del FA a través de presidente del Consejo de Defensa del Estado, pero también acusa a la fiscalía, a los empresarios, a la derecha y quien se le cruce por delante.
Pero, salvo por aquello amargos recuerdos del año 1948 con la dictación de la “Ley maldita” bajo el Gobierno de Gabriel González Videla y los años de la dictadura de Pinochet, resulta del todo inverosímil pensar en la existencia real de tal anticomunismo. Sería interesante una revisión más pragmática del PC, identificando las incongruencias políticas y discursivas en su actuar. Se pide la cabeza del General Yánez por el sólo hecho de ser formalizado, pero en el caso del alcalde esa no es razón para pedir que suspenda su militancia. En el caso de Revolución Democrática y todo el escándalo de las fundaciones que tiene en la recta final a dicho partido, las suspensiones han estado a la orden del día; lo que les fue recordado muy fuertemente por la diputada Orsini.
El mismo presidente en algún momento ha reclamado por un anticomunismo visceral, pero hoy guarda sepulcral silencio para no ser víctima colateral de una crisis política que recién empieza. En esas mismas fechas, el PC a través de su presidente y “a mucha honra” daban un apoyo incondicional al Gobierno de Venezuela, evitando llamarlo dictadura. El día de hoy, Maduro se apronta a la aprobación de una ley contra “El Fascismo”, que en la práctica es la clausura de partidos, persecución de opositores políticos, cierre de medios opositores y control de redes sociales. El mismo régimen que mandató, según Noticias Caracol de Colombia, al tren de Aragua el asesinado del teniente Ronald Ojeda. Ese mismo régimen que los comunistas chilenos no dudan en admirar.
La sensación de hipocresía es lo que verdaderamente le pesa al PC en la democracia chilena, siempre con un discurso aprendido de tiempos inmemorables, pero que en la práctica choca con la realidad que los hace quedar fuera de foco. Los comunistas tienen todo el derecho a existir en una democracia, pero en ese mismo contexto y talante, deben estar dispuestos a que la ciudadanía pueda poner en duda su verdadero compromiso con la misma. Son las reglas de un juego donde cada vez se sienten más incomodos de jugar.
