Investigador Internacional
John Glenn College of Public Affairs
The Ohio State University
Han pasado cinco años desde el estallido social en Chile en octubre de 2019, un evento que marcó un antes y un después en la historia reciente del país. Lo que comenzó como una protesta en contra del alza de tarifas del transporte público se transformó en un movimiento que reveló profundas desigualdades y tensiones sociales acumuladas durante décadas. Hoy, a la distancia, las cifras son preocupantes: más del 60% de los chilenos considera que su situación actual es peor que antes de esas manifestaciones, según diversas encuestas. Esta percepción refleja la gravedad de las consecuencias que dejó la crisis, especialmente la fractura del tejido social y la pérdida de confianza en las instituciones.
El estallido social tuvo un impacto directo y visible en la infraestructura de las ciudades, pero su efecto más profundo y devastador fue la ruptura de la cohesión social. Las imágenes de saqueos, incendios y destrucción se grabaron en la memoria colectiva, pero la pérdida de confianza entre ciudadanos e instituciones dejó una cicatriz más difícil de sanar. Este daño no se limita solo a Santiago; el impacto se sintió también en regiones como el Valle del Aconcagua, donde las comunidades enfrentan desafíos adicionales. La descentralización de las problemáticas sociales en Chile ha expuesto que los problemas que aquejan a las grandes urbes no son ajenos a las regiones, sino que adquieren una dimensión distinta, a menudo más compleja.
Es fundamental que las autoridades asuman su papel, recuperen la legitimidad y generen políticas públicas que reflejen las necesidades de todos los chilenos, no solo de aquellos en la capital. Iniciativas que promuevan la inclusión, el diálogo y la participación ciudadana son esenciales para evitar que las demandas legítimas sean ignoradas o, peor aún, desestimadas por la falta de acción. La ciudadanía, por su parte, debe recuperar la esperanza y el compromiso con su entorno. La confianza no se reconstruirá solo desde arriba; las redes comunitarias, el sentido de pertenencia y la solidaridad son claves para sanar las heridas del pasado.
En lugares como el Valle del Aconcagua, donde las distancias y las particularidades económicas y culturales a menudo complican la implementación de políticas nacionales, es necesario un enfoque local más enfático. Los vecinos de estas comunidades deben ser escuchados y empoderados para tomar decisiones que afectan su vida diaria. Si algo quedó claro en octubre de 2019, es que el centralismo es parte del problema y que solo mediante una descentralización efectiva se podrá abordar de manera justa y equitativa los desafíos del país.
El camino hacia la reconstrucción será largo y requerirá paciencia, pero es imperativo. Hoy, cinco años después del estallido social, es momento de reflexionar sobre las causas profundas que nos llevaron a ese punto y trabajar en las soluciones que verdaderamente logren un Chile más justo y unido. Recuperar la confianza en las instituciones y entre nosotros mismos es la base para construir un futuro más estable y prometedor.
