Investigador Internacional
John Glenn College of Public Affairs
The Ohio State University
La pérdida de confianza en las autoridades es una realidad cada vez más palpable en nuestra sociedad. La noción de que aquellos en posiciones de poder deben ser transparentes, responsables y actuar en favor del bien común ha sido socavada por repetidos casos de abuso de poder, corrupción y, especialmente, la falta de coherencia en la forma en que se manejan las acusaciones dependiendo del color político del acusado. Un caso emblemático de esta crisis de confianza es el del ex Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de violación por una subalterna, lo que ha puesto en evidencia cómo se traiciona la confianza pública y la hipocresía latente en las defensas corporativas dentro de la política chilena.
El caso de Monsalve no es solo un ejemplo de un grave delito, sino también de la manipulación del poder para defender intereses personales. Las denuncias indican que el exsubsecretario habría utilizado su posición para movilizar efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) con el fin de realizar acciones que claramente van en contra de la ley y de la ética que debería regir el comportamiento de quienes ocupan cargos públicos. Entre estas acciones, se reporta que detectives habrían sido enviados a visitar a la víctima, una conducta que no solo busca intimidar, sino que revela hasta dónde llega la disposición de ciertas autoridades para proteger su posición y evitar que se haga justicia.
Este es un claro ejemplo de abuso de poder: un alto funcionario que utiliza los recursos del Estado para defender sus intereses personales, dejando de lado el deber de proteger a los ciudadanos y velar por la justicia. Además, esta situación ha desenmascarado la hipocresía de los movimientos feministas que, por afinidad política, han guardado silencio ante las graves acusaciones contra Monsalve. ¿Dónde están las voces que se alzan contra el abuso cuando el acusado es alguien de izquierda? Este silencio cómplice, basado en el signo político del agresor, mina la credibilidad de estos movimientos y deja en evidencia una doble moral que erosiona la confianza pública.
La intervención de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha sido también motivo de controversia. Al relativizar la gravedad del caso, insinuando que se trataba de un trato diferenciado porque Monsalve no era un «portero», contribuye a reforzar la idea de que en Chile la justicia no se aplica de manera uniforme. Al referirse a Monsalve de esta manera, la ministra perpetúa la jerarquización de las víctimas y deja un mensaje claro: las acusaciones contra los poderosos se tratan de forma diferente a las que implican a personas comunes. Esta visión clasista y discriminatoria deja a muchos preguntándose si realmente existe igualdad ante la ley.
La crisis de confianza en las autoridades no surgió de la nada, sino que es el resultado de la acumulación de casos donde los ciudadanos han sido testigos de cómo el poder se utiliza de forma arbitraria y con impunidad. Si a esto sumamos la defensa partidaria a ultranza, que prioriza proteger al político antes que velar por la verdad, tenemos el escenario perfecto para la desconfianza y el desencanto. Los ciudadanos esperan, merecen y exigen que los casos de abuso de poder se traten con rigor, sin importar el partido político al que pertenezca el acusado. No se trata de colores ni de lealtades, sino de justicia.
