Felipe Caro López
Investigador Internacional
John Glenn College of Public Affairs
The Ohio State University
Los cortes prolongados de electricidad en varias regiones del país han sido un verdadero calvario para millones de hogares en Chile.
El presidente Boric entrega una señal preocupante al mandatar a su ministro de energía Diego Pardow, a revocar la concesión vigente con la empresa de distribución italiana Enel.
Cabe preguntarse si el termino anticipado de dicha concesión sería una solución efectiva para una crisis de esta naturaleza y la respuesta es obviamente no.
Pero es una posición que intensifica un punto político que parlamentarios y alcaldes desean explotar para atraer votos de cara a las próximas elecciones de octubre.
Nuevamente el discurso en contra de los poderosos, nuevamente el discurso de los abusos, nuevamente el caldo de cultivo de un nuevo estallido.
El discurso es fácil, que estas empresas distribuidoras nuevamente pasen a control estatal, pero lo cierto es que en Chile las empresas estatales simplemente son de otros estados en vez de ser de generación propia, gran falencia para un país productor de energía.
Enel distribuye su propiedad internacional entre varios grupos inversionistas privados de diversos tamaños, junto con el Ministerio de Ministerio de Economía y Finanzas de Italia con un 23,6% del capital social, además en nuestro país es uno de los mayores productores de electricidad con cerca de 5.548 MW de los cuales el 63% proviene de energías renovables. Terminar la concesión en este caso parecería algo sumamente complejo.
Lo mismo ocurre con la segunda empresa de distribución más grande de Chile, CGE que también es una empresa bajo control estatal, pero chino. State Grid International Development Limited(SGID) es la estatal china dueña de CGE que distribuye energía en varias comunas de Chile, algunas muy populares tales como San Bernardo, además es dueña de otras distribuidoras como Chilquinta.
La estrategia del presidente Boric de atraer capitales chinos chocaría con una muralla de realidad si corta la concesión de esta empresa oriental, y por tanto queda fuera de las críticas.
En paralelo la clase política inicia una nueva discusión sobre un potencial nuevo retiro de los fondos de pensiones, a pesar de las evidencias explícitas de los grandes perjuicios que ha traído al país, en donde una generación completa de chilenos no ha podido acceder a crédito para comprar su casa propia.
Del mismo modo, la ministra del Trabajo y Previsión Social cuestiona de manera directa la existencia de una minuta de parte de la asociación de AFPs que critica varios puntos de la propuesta del Gobierno sobre pensiones, lo que ha llevado a algunos parlamentarios comunistas y socialistas a solicitar al Ministerio de Economía la disolución de dicha asociación, la que tildan de “partido de facto”.
Los políticos han sido motores de denuncia del malestar, pero las propuestas que van presentado a la ciudadanía son sencillamente populistas y en varios casos, abiertamente antidemocráticas. Con la tensión internacional por el tema venezolano, nuestra clase dirigencial parece no comprender que están cimentando el camino a opciones alejadas de los parámetros básicos de convivencia en democracia.
El problema radica en que esta generación política que parece no haber aprendido que el malestar ciudadano debe ser resuelto con políticas públicas de calidad, soluciones efectivas y sostenibles en el largo plazo. Las soluciones fáciles a problemáticas complejas, trae gobiernos que fácilmente desechan la democracia, ya lo hemos visto.
