Investigador Internacional
John Glenn College of Public Affairs
The Ohio State University
En Chile, la corrupción y los privilegios de los ricos han sido temas recurrentes que destacan las profundas desigualdades en la sociedad. Este fenómeno no es exclusivo de un sector, sino que atraviesa diferentes áreas, desde la política hasta el sector privado, creando un círculo vicioso de impunidad y privilegios que perpetúa la desigualdad, incluso en aquellos que dicen querer erradicarla.
Chile es una de las economías más abiertas y dinámicas de América Latina, pero también es un país con un nivel considerable de desigualdad en la región. Esto se debe en gran medida, a la concentración del poder económico y político en manos de una élite privilegiada.
Este grupo selecto ha sido capaz de influir en decisiones que siempre parecen ser más favorables a ideas y proyectos políticos abstractos y teóricos; que al bienestar general. “Meterle inestabilidad al sistema” como se dijo hace algunos años atrás.
La corrupción en este contexto no solo se refiere a prácticas ilegales explícitas, como el soborno o el cohecho, como el caso de Hermosilla nos indica, sino también a la captura del Estado a todo nivel, donde las decisiones se toman privilegiando el mantener el poder, generar prebendas y una profunda red de beneficiarios con recursos públicos.
A lo largo de los años, Chile ha sido testigo de varios escándalos de corrupción que involucran tanto a políticos como a empresarios. Casos como el de Penta o SQM revelaron cómo el dinero fluye desde las grandes empresas hacia los partidos políticos, distorsionando la democracia.
En estos casos, el Poder Judicial ha mostrado cierta ambivalencia, aplicando sanciones que muchas veces son percibidas como leves, lo que refuerza la percepción popular de que los ricos gozan de impunidad. Clases de ética como se decía antaño.
Lo que hoy nos muestran casos como el de Hermosilla y los ex alcaldes Jadue y Barriga, es que incluso cuando son puestos en el banquillo de los acusados, cuentan con grandes privilegios. Y no me refiero al contar con grandes firmas de abogados, que recurren a los más insólitos argumentos legales para librar de penas, sino de las formas en las cuales estas penas pueden cumplirse.
El ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue está en prisión preventiva, aunque para algunos es un prisionero político. Pero esta prisión preventiva la cumple en un módulo VIP diseñado para los delitos de cuello y corbata.
Cuatro reos por celda es el tope del anexo capitán Yaber, lejos del nivel de hacinamiento que el INDH nos informaba en Mayo de 2023, destacando el CDP de Tal Tal con un 362,5% de sobrecapacidad.
En Capitán Yaber, aún quedan cupos para esperar a Hermosilla.
Caso similar es el que ostenta la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien cumple arresto domiciliario en una casa de lujo, espaciosa y con piscina. Y no escatima en esfuerzos de hacernos saber aquello. Se aprovecha de esta nueva premisa de “perspectiva de género” que ha penetrado el Poder Judicial, donde el hecho de ser madre o cuidadora es motivo plausible para eludir medidas gravosas de prisión preventiva.
Misma situación que Camila Polizzi, cuyo arresto domiciliario ha resultado en la explotación de un nicho de erotismo digital muy lucrativo.
El ex alcalde de Vitacura Torrealba, el empresario Eduardo Macaya Zentilli o la aún diputada Catalina Pérez, engordan un listado que a lo largo del tiempo ha visto pasar a empresarios y políticos con un trato privilegiado, un guante blanco que solo puede entenderse como perpetuar privilegios, incluso entre aquellos caídos.
El escritor británico George Orwell, ya nos indicaba en su novela Rebelión en la granja publicada en 1945 que «Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”.
